1 de diciembre de 2010

CCOO Y UGT: ANTE EL RETO DE UNA RESPUESTA CONTUNDENTE Y LA TENTACIÓN DE LA RAZONABILIDAD INSTITUCIONALISTA

Comisión Coordinadora Sindical de IA

Las centrales UGT y CCOO acompañan a su ciclo de tardías y titubeantes movilizaciones, un documento programático denominado “Alternativas sindicales a la política económica y social del gobierno. Recuperar derechos y defender el Estado social” (ASI), que es el que revisamos a continuación, siendo el objeto de crítica en este texto. Su discusión debe entenderse, reconociendo algunas medidas interesantes, como una enmienda reclamando mayor perseverancia, profundidad propositiva y combatividad consecuentes.
1.      Una respuesta débil ante un contexto de grave crisis y tensión social.
Los sindicatos mayoritarios en el Estado español se encuentran en un atolladero. Por un lado, el conjunto de agresiones en materia de política económica, de desregulación financiera, de corsés en la política europea, de regresión laboral, de recortes en las políticas sociales, de bloqueo y amenazas a la negociación colectiva, les ha empujado a responder al gobierno, patronal y otros actores para hacerse valer. Sobre todo porque el poder capitalista ha dado un golpe en la mesa y ha hecho tambalear las piezas, e incluso las casillas de la mesa de juego donde estaban asentadas estas grandes centrales.
Un nuevo ciclo de brutalidad neoliberal desbarata el statu quo sindical adquirido en esta transición postfranquista. No ha quedado otra que interrumpir el diálogo social, ante el ninguneo de gobierno y patronal, la desacreditación, y el ejercicio unilateral del poder, muy a su pesar. De manera dolorosa, tardía y sin reflejos, se han convocado huelgas generales (8J, 29S), que han sido organizadas de manera desigual, con trastabillo. Inesperadamente, la respuesta social ha sido positiva, incluyendo gran parte de la estructura de base de sindicatos mayoritarios y minoritarios, consiguiendo parar la producción y desarrollando importantes manifestaciones, obteniendo un éxito relativo de presencia ante la sociedad.
Ante el compromiso reiterado del gobierno con las oligarquías financieras y con las políticas de ajuste recomendadas por Bruselas, sin cambiar nada de las reformas emprendidas, las direcciones sindicales han sopesado nuevas iniciativas. Para formularlas se ha meditado con lentitud, desconcierto, y se ha tenido que encajar la inercia interna de un titubeante, sino adverso, segmento socialiberal, que todo lo confía al pacto social y a la pervivencia del PSOE en el gobierno. La dirección socialdemócrata de los sindicatos mayoritarios, empujada por la tensión a la que se ve sometida y el malestar por abajo, ha conseguido arrancar soluciones de continuidad para la movilización social, al tiempo que clamando el vano intento de restablecer el idealizado diálogo social.
Entre las iniciativas decididas se incluyen movilizaciones –a instancias de la CES- con paros simbólicos en Europa para el miércoles 15D; y, con vocación de alianza unitaria con otras fuerzas sindicales y sociales, manifestaciones descentralizadas en todo el estado, para dar continuidad a las protestas. También se ha emprendido el impulso de una Iniciativa Legislativa Popular, con recogida de firmas, con un proyecto de ley que trate de modificar los pilares más duros de la reforma laboral. Resulta decepcionante que el debate sobre qué modelo de ILP no se haya compartido con otras fuerzas sindicales y políticas rebeldes a la reforma, y que la duda que se mantiene sea si iniciar la recogida de firmas antes o después de mayo de 2011, cuando se celebran las elecciones municipales y autonómicas.
En nuestra opinión, los sindicatos, se comprometieron en su día a desarrollar su acción, al mismo tiempo que con un carácter sociopolítico, con autonomía de los partidos. Sin embargo, hemos presenciado dos fenómenos, uno que parte desde la transición política, y otro más reciente, en franca contradicción con esos principios. Por un lado, el modelo sindical de las centrales mayoritarias de los últimos treinta años escindió sus reivindicaciones laborales de un cuestionamiento político de las instituciones postfranquistas. Por otro, aunque en grados variables, asistimos a un cálculo político –reducido a lo electoral/gubernamental- pendiente de las expectativas del PSOE, para determinar su acción sindical. Se sigue, sorprendentemente, confiando en el fetiche de una democracia representativa de baja intensidad, con un modelo electoral tramposo que hace del pluralismo político un hecho extraño, y con un poder político cada vez con menos soberanía real.
En esta situación, las centrales UGT y CCOO también acompañan a su ciclo de tardías y titubeantes movilizaciones, un documento programático denominado “Alternativas sindicales a la política económica y social del gobierno. Recuperar derechos y defender el Estado social”1 (ASI), que es el que revisamos a continuación, siendo el objeto de crítica en este texto. Su discusión debe entenderse, reconociendo algunas medidas interesantes, como una enmienda reclamando mayor perseverancia, profundidad propositiva y combatividad consecuentes.
2.      La alternativa política económica y social de los sindicatos mayoritarios: luces y sombras.
El pasado 27 de Octubre de 2010 sale a la luz un documento programático sindical que acompañará al proceso de movilización por fin inaugurado. Con ello tratan de visualizar propuestas, saliendo de una dinámica a remolque. En él se exige dar marcha atrás aspectos centrales de la Reforma Laboral o en la congelación de las pensiones, y persigue actualizar la negociación colectiva, recuperar el cumplimiento de los acuerdos violentados en el sector público, y garantizar la protección social. Pone ante la sociedad y ante el gobierno alternativas concretas.
Siendo positivo, merece la pena discutir algunos planteamientos y medidas concretas del texto. En primer lugar, contando con la participación abierta de fuerzas sociales comprometidas con la resistencia a la ofensiva capitalista. En particular, discutir algunas cuestiones de su orientación que, mejoradas, permitirían avanzar claves para afrontar los conflictos reales con un proyecto transformador. En tercer lugar, para que con este debate abierto sea posible establecer estrategias unitarias sólidas y duraderas, orientadas a la lucha y el cambio en la correlación de fuerzas.
1.      Un marco keynesiano de interpretación económica.
Su aproximación económica reclama un reparto de los sacrificios para una salida capitalista a la crisis, con una batería de propuestas keynesianas para un contexto en el que difícilmente tendrán cabida, no sólo por el marco neoliberal adverso, sino por su incapacidad para enfrentar determinaciones de fondo.
Realiza una acertada crítica sobre el carácter depresivo de las políticas neoliberales que gestionan la crisis, que intensificarán su dureza, y causarán una “recaída en la recesión”. Entiende que la obsesión exclusiva por la reducción por el déficit público es contraproducente. Sin embargo, asume la aspiración, en consonancia con la Confederación Europea de Sindicatos, a un crecimiento económico sostenido, compatible con una reducción del déficit público y el sostenimiento de las políticas sociales y de empleo. Conformándose con la simple recuperación económica, no advierte que cualquier acumulación capitalista es insostenible ecológicamente. Tampoco ve contradicción entre acumulación del excedente y promoción de políticas sociales. Acumular para dar empleo y repartir, ¿no suena esto a armonicista discurso convencional?. Las dificultades económicas coyunturales, las asocia a la gestión neoliberal, y no a la propia dinámica hipertrofiada del capitalismo global. En suma, no reconoce el carácter decadente ni toda la complejidad de la actual crisis capitalista. Simplemente se observa una crisis económica profunda de demanda –de subconsumo-, si acaso de medio plazo y superable. En definitiva, parte de un diagnóstico deficiente y desenfocado y aborda una estrategia de corto recorrido y apenas verosímil.
Como apunte favorable se refleja en el documento un reclamo a una mayor iniciativa pública y la apelación a un régimen fiscal más intensivo y progresivo y una política pública redistribuidora, compatible con la reducción del déficit público. En efecto, el problema del déficit público radica en una baja presión fiscal, una mala distribución del esfuerzo tributario, una desfiscalización, un enorme fraude, evasión y fórmulas de elusión fiscal, aunque también en todas las transferencias, subvenciones y rescates al capital. Estando conformes en parte con esta interpretación, debe no obstante recordarse que para que esa política económica fuera posible sería necesario otro marco sociopolítico en donde los gobiernos no estuvieran supeditados a los poderes económicos, las oligarquías financieras y el modelo vigente en la UE. Esto es, una política de gobierno progresista en un marco como éste no es creíble sin un proyecto democratizador donde se estén construyendo desde abajo otras instituciones, de poder popular, que embriden las relaciones políticas y de producción.
2.     ¿Es otra Europa posible?.
La nueva gobernanza europea afianza la exigencia de un control a priori de los presupuestos estatales para el cumplimiento del Plan de Estabilidad, 3% de déficit y 60% de deuda pública, o en caso contrario establecerá sanciones económicas, posible retirada del voto, etc… El texto sindical responde que no hay salida con la reducción de salarios, derechos sociolaborales, o del Estado del bienestar, como medidas sustitutas a la devaluación monetaria. Pero su crítica se limita al carácter deflacionista y recesivo del ajuste neoliberal.
Llama la atención que la crítica sindical a la gobernanza europea se limite al lugar que compete decidirla. Pero creemos que el problema no son los ministerios que participen en su gestión, sino el modelo en sí. Frente a la alergia de Bruselas a los Referendos, la bandera sindical debiera ser una democracia desde abajo.

Quizá debieran enfatizar el carácter de la construcción económica de la UE. En ella el Euro naufraga en medio de un gran mercado sin Estado que lo gobierne, generando desigualdades brutales. Habría que referirse a la carencia de políticas fiscales armonizadas progresivas y vigorosas; la configuración de políticas de inversión y sociales a escala europea dignas de tal nombre; una línea de políticas de cohesión social y solidaridad interregional compensadoras y efectivas; y políticas de homogeneización al alza de la regulación laboral. La única respuesta consecuente sería exigir otro modelo económico y político europeo. De no ser así, brindar una salida de varios países de la eurozona a los que perjudique tal modelo para construir un área solidaria económica alternativa.
3.     ¿Cambio de modelo productivo o, más bien, otra forma de competir?.
La forma en que el documento sindical plantea el necesario “cambio de modelo productivo” se presenta como si la economía fuera un laboratorio tecnócrata al margen de estructuras e intereses. Sugiere medidas para competir en segmentos productivos de alto valor añadido, con tecnología innovadora y trabajo cualificado. Competir, en suma, a nivel nacional de otra manera, sin cuestionar la lógica desigual de la competencia internacional, y sin reconocer que nuestro punto de partida y posición de poder no es la de Alemania. Según su argumento basta con hacer prospección de “nichos de mercado y procesos tecnológicos de futuro” e invertir en ellos. Lo plantean de manera voluntarista, sin dar cuenta del papel estructural de la rentabilidad, del comportamiento de los flujos de capital, del desarrollo desigual, el poder de mercado de países y grandes transnacionales, y de la escasa autonomía del sector público, supeditada a la lógica de los intereses de la economía privada.
Sugiere realizar políticas industriales, modernizar los sectores existentes y potenciar nuevos sectores innovadores y sostenibles. Pero pensar que esto se puede hacer en el marco del sector público sin cuestionar su naturaleza sociopolítica al día de hoy es un brindis al sol. No se trata, como se dice, de “falta de liderazgo institucional” sino el papel que el Estado desempeña en el marco capitalista, y su función prioritaria de dar sostén y mínima racionalidad a la economía de mercado.
Ni que decir tiene que frente a “competir de otra manera” habría que construir una economía más cooperativa, equitativa, eficiente e internacionalmente solidaria. La competencia implica asumir lo que el mercado tiene de rivalidad, desequilibrio, desigualdad e ineficiencia, y su entronización ignora que hay países, y grandes segmentos populares, que pierden en ese juego por razones de poder, que en nada tienen que ver con el esfuerzo y creatividad aportados.
4.     ¿Y el sistema financiero qué?
En el documento no se caracteriza el decisivo fenómeno de la hipertrofia financiera, y no se identifica adecuadamente la responsabilidad del sector financiero como poder establecido causante de algunos rasgos agudos de la crisis. La única incursión en este capítulo refiere a una indefinida reforma del sistema financiero que si acaso consistiría en cambios en la Ley de Cajas de Ahorros, sin tocar a la banca privada. En un contexto de depredación de las Cajas para su apropiación por los bancos, de irresponsabilidad ante la crisis, y de la avidez de poder y apropiación por parte de la banca, parece que la ausencia de reivindicaciones más audaces, como la recuperación de la banca pública y la expropiación de la banca que no cumple determinadas condiciones de solvencia y fluidificación del crédito, se siente más fuerte.
5.     Unas políticas de empleo poco ambiciosas.
El documento parte que uno de los problemas principales consiste en el paro. En especial, el desempleo y la precariedad laboral de la juventud, en la que se incluyen la proliferación de figuras atípicas (becas, falsos autónomos, empleos a tiempo parcial no voluntarios, etc…), o el deterioro de las condiciones de trabajo.
Renunciando a propuestas más estratégicas, propone extender el contrato de formación entre la juventud para todas esas situaciones laborales dudosas, la formación profesional, y la introducción de medidas de adecuación del tiempo de trabajo –en alusión a la flexibilidad horaria y la distribución de la jornada- para compatibilizar empleo y formación. Sin duda, parece una línea de medidas menor ante el panorama laboral existente.
Otro capítulo, es el de la llamada a la mejora y refuerzo de los servicios públicos de empleo, que desde luego deben potenciar su labor activa de intermediación. También defiende el texto las políticas activas de empleo (que presupone la pasividad y negatividad de las prestaciones sociales). Aspira a que la formación para el empleo se adecúe, sin más, a las “necesidades del sistema productivo”. Pero debe advertirse que el aprovechamiento de la “empleabilidad” de la fuerza de trabajo está condicionada a la creación de empleo y ésta, del modelo y política económica inversora. No basta con formar para que las personas encuentren empleo, si este no existe. La cualificación no crea empleo por sí misma, aunque la productividad y calidad del trabajo sí dependan del perfil de las ocupaciones y de la preparación y organización de la fuerza de trabajo que las desempeñan. Además, la planificación de la formación no puede atender únicamente las necesidades actuales del sistema productivo, expresadas unilateralmente por el empresariado y sus requerimientos de rentabilidad. La formación debe consistir en una preparación en habilidades y métodos generales para entornos productivos cambiantes, y que potencialmente pueden diseñarse en la perspectiva de un modelo productivo de futuro. La educación y la formación deben orientarse a los cambios potenciales del modelo productivo y contribuir a dirigir ese cambio.
Para nosotros es una grave ausencia el que no se esbocen siquiera horizontes para la consecución del reparto del empleo y de todo el trabajo, con soluciones generales de reducción del tiempo de trabajo sin reducciones salariales. De igual manera, la cuestión clave para atacar la precariedad no sólo consiste en conseguir la causalidad del despido o de la temporalidad, que también, sino en castigar, en forma de mayores cotizaciones sociales e indemnizaciones por despido, a la contratación temporal, muy por encima de la indefinida. También habría que acabarse con las bonificaciones y subvenciones para un tipo de contratación que debería ser normal, como habría de ser la contratación estable.
6.     La protección social de las personas. ¿De qué pensiones me hablas?.
Si algo resume el documento es que tiene un carácter político defensivo. Compartimos que haya que apostar por la protección del desempleo, mediante prestaciones y subsidios, o disponer de rentas de ciudadanía, pero no parece que conservar el modelo de rentas mínimas, el subsidio de los 426 euros, o elevar el SMI al 60% del salario medio deban considerarse aspiraciones suficientes, ni medidas de resistencia sólidas, ni mucho menos una conquista. Ciertamente es un tema importante para muchas familias en paro o con salarios de pobreza. Pero no hay mejor política social que una buena política económica –desde parámetros alternativos-, porque si no la política social se reduce a repartir las migajas de la dinámica económica.
Más preocupación nos crea, en un contexto de previsible reforma de las pensiones, el reforzamiento de algunos de los principios del Pacto de Toledo, como es el de la contributividad, que en gran medida colisiona, si no fuera por la existencia de mínimos y máximos y el modelo de reparto intergeneracional, con el de solidaridad.
Pero si hay un tema alarmante es la incomprensión generalizada de la evolución demográfica. El documento sindical no comparte el catastrofismo urgente de las posturas neoliberales, pero admite que el impacto del envejecimiento poblacional puede ser durísimo y duradero, lo que empuja a una adecuación gradual de los ingresos y prestaciones del sistema para gestionar la “sostenibilidad del sistema de seguridad social”. Cabe indicar que la relativa inversión de las pirámides de población (a causa de la mayor esperanza de vida y del control de la natalidad) incidirá a partir de dos décadas, y su impacto se agotará dos décadas después –con la desaparición de la generación del baby boom-, tras las cuales se reestablecerá el equilibrio entre cohortes, si no antes, gracias al fenómeno inmigrante. Pero, siendo su impacto cierto pero limitado y temporal, la demografía es un factor entre otros. El mayor gasto proporcional en pensiones se podrá enfrentar de muchas maneras: con el crecimiento de la productividad; con creación de empleo, vidas laborales más estables, o el aumento de la tasa de actividad femenina; el incremento de retribuciones y de la masa salarial y por tanto de la base de cotizaciones; el incremento de las cotizaciones o, en caso de ser necesario, aportaciones de los presupuestos públicos y los impuestos. No es necesario el recorte del cómputo de las pensiones ni el retraso de la edad de jubilación –legal o efectiva-. Además, no se ha contemplado que, por desgracia, aún sin modificar el sistema de cómputo de las pensiones las vidas laborales intermitentes, más cortas, con retraso en la incorporación y anticipación de la salida de las nuevas generaciones empleadas bajo un nuevo modelo laboral más precario, supondrá, por sí mismo, una caída en la pensión media que también aliviaría por el lado del gasto. Y mucho de todo lo anterior depende de las políticas económicas y de las prioridades sociales que se planteen.
Así que no admitimos ese argumento soterrado que da razón de ser al espíritu de “dosificación hacia debajo”, que no se entiende más que por exagerar el impacto demográfico. Y menos aún si se plantea como opción reforzar la contributividad (dar más a quien más aporta), porque en su espíritu –si bien se distingue por los límites establecidos- habría en una tendencia, si se desarrolla al extremo, a converger relativa e ideológicamente con modelos de capitalización individual.
El Pacto de Toledo sopesa el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, la ampliación del periodo de carencia de 15 a 20 años, o aumentar los años de 35 a 38 o 40 años de cotización para alcanzar el 100% de la pensión. Las última medida por sí sola comportaría o disminuir la pensión media, o, en combinación con la ampliación del periodo de carencia, y la profundización de prolongar flexiblemente la trayectoria laboral (“la jubilación flexible” por la que también el texto sorprendentemente simpatiza), un aumento de la edad efectiva de jubilación y un deterioro importante de este derecho para la mayoría asalariada. Aunque el aumento de la edad legal de jubilación sería de por sí enormemente lesivo, aún cuando no se modificase, con las medidas anteriores caería la pensión media y aumentaría la edad efectiva de retiro. Asombra que no se defienda una anticipación de la edad de jubilación –salvo en la generalización del derecho a la jubilación anticipada que los sindicatos piden-, una reivindicación clásica del movimiento obrero, que refuerce el reparto del empleo, y otras medidas de retiro gradual y de transferencia de experiencia y conocimientos entre generaciones.
Compartimos, no obstante, las medidas de reforzamiento de la estructura de ingresos del sistema (aumentar bases máximas de cotización, mejora de las bases mínimas, aumento del SMI, etc…), aunque también ayudaría eliminar los topes máximos de cotización. También son interesantes las medidas planteadas por los sindicatos de dotación con más servicios públicos que contribuyesen a la conciliación de la vida familiar y personal. Aunque no se identifican medidas que incentiven la corresponsabilidad de los varones en la asunción de la crianza y tareas domésticas (permiso de paternidad exclusivo, por ejemplo), sino que estas medidas estarían exclusivamente encaminadas a “aumentar la tasa de actividad femenina”.
Por otra parte, la renuncia a largo plazo del recurso a ingresos por vía de impuestos (en combinación con un régimen fiscal progresivo) no parece muy inteligente, por si hubiese más adelante algún cambio (en la caída de productividad, en la crisis del empleo o reducción en los salarios, etc…) que exigiese un complemento público al sistema de Seguridad Social. Descartar esta fuente alternativa para todo contexto nos parece, cuanto menos, inconveniente.
7.      La reestructuración de la negociación colectiva
En este capítulo parece que hay un ánimo y una orientación positiva. La rearticulación de la NC, el fomento de la llamada “flexibilidad interna” previniendo medidas drásticas de ajuste, la apuesta por la coordinación sectorial estatal, o la identificación de nuevos ámbitos de negociación (empresas en red, empresas con dos o más actividades, empresas con dimensión comunitaria) son propósitos e ideas que se basan en buenas intuiciones. Sin embargo, el documento no desciende a mayor concreción. Posiblemente, porque lo ha querido dejar abierto a la negociación con la contraparte empresarial, que, por lo visto, no se muestra colaborativa. Si no hay acuerdo, el gobierno legislará unilateralmente al respecto en plazo cierto. ¿No es motivo esto más que suficiente, junto con el bloqueo de gran número de convenios, para manifestarse específicamente contra la patronal?. ¿No debería plantearse también una reforma para que las patronales probasen su legitimidad negocial y de su actividad, para que se instase al empresariado a identificar agentes negociadores a las que nos les valga no negociar?. ¿Por qué no reclamar, en su defecto, en ausencia de patronal legítima o de actitud de buena fe negociadora, el reconocimiento de mayor protagonismo para regular las relaciones laborales a las RLT?.
8.     ¿La recuperación del diálogo social?
Los sindicatos siguen confiándolo casi todo al restablecimiento del objetivo del diálogo social. Siguen concibiendo el modelo socioeconómico y laboral vigente como un sistema de desajustes en el que cabe conciliar intereses entre diferentes clases sociales, y en el que se plantea que es posible y deseable “compartir objetivos”. No se ha hecho balance del papel del diálogo social en los últimos treinta años, una época bien distinta a la de los 20 años posteriores a la II Guerra Mundial, donde no se ha producido apenas espacio para pactos favorables a la clase trabajadora, y que en el mejor de los casos sólo se han dosificado agresiones o racionalizado derechos. Únicamente cuando se han producido fuertes conflictos y luchas sociales ha habido mejoras significativas (14D) o parado graves agresiones (20J).
Es quizá este punto el que nos decepciona más. Porque no se trata de tachar la palabra pacto del panorama, porque este a veces en un contexto sindical puede ser una vía inevitable cuando la correlación de fuerzas no permite un mayor avance objetivo u otra solución que tabicar una ofensiva antisocial y antiobrera. Pero lo que no podemos comprender que, en un contexto capitalista donde hay intereses en conflicto irreconciliables, no se admita, o se haga a regañadientes, que lo prioritario es la lucha, que es la única manera de defender, negociar y conquistar los derechos de cualquier índole. En nuestra opinión, hay que organizarse mejor, plantear propuestas más avanzadas, y desarrollar una estrategia a la ofensiva apoyada en una lucha social sostenida.
3.      Otro sindicalismo es posible. Todo el sindicalismo consecuente de clase es necesario.
En nuestra opinión se yerra en el diagnóstico, en la orientación y en muchas de las medidas. Ahora bien, se trata de aportar para que este diagnóstico consiga una caracterización más completa. Llegan momentos que ya no se puede obviar la pluralidad de las aportaciones movimiento obrero. Lo son también para que el movimiento sindical se desembarace de sus servidumbres socialiberales. Lo son para construir un proyecto transformador abierto y unitario, sostenido en una movilización consecuente y mejor organizada. Ahora más que nunca es decisivo responder a la vez a las fuerzas del capital envalentonadas, y obrar en consecuencia ante la crisis civilizatoria que tenemos delante.
Creemos que el documento de propuestas sindicales llamado “ASI”, a pesar de sus contradicciones internas, representa también una oportunidad para la discusión y el diálogo entre las fuerzas del movimiento obrero. Y que es posible, entre todas y todos los trabajadores, fortalecer sus planteamientos y su programa para enfrentarse a los desafíos de nuestro tiempo. Esa es la tarea que a todas y todos nos ha tocado abordar.

Nota

1. http://www.ugt.es/actualidad/2010/octubre/Alternativas_Sindicales_politica_economica_social_Gobierno_UGT.pdf

CHORIZOS ANTISINDICALES DEL PP: LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA TRAMA QUE COBRABA POR TÍTULOS DE FORMACIÓN QUE NO IMPARTÍA

Detenidas 10 personas, entre ellas dos miembros del PP canario, y dos imputadas (http://www.elpais.com/articulo/espana/Guardia/Civil/desarticula/trama/cobraba/titulos/formacion/impartia/elpepuesp/20101201elpepunac_1/Tes)

Ésta es la web de los delincuentes: http://www.sitcadiz.com/

La Guardia Civil ha destapado una red en Cádiz, Canarias y Badajoz que se dedicaba a falsificar diplomas y certificados oficiales cobrando por títulos y cursillos sin ofrecer formación alguna, por ejemplo, para el manejo de material sanitario o de primeros auxilios. Según ha adelantado la cadena SER, los títulos, que se expedían de forma fraudulenta, los emitía un sindicato en Cádiz, el Sindicato Independiente de Trabajadores (Sitca), y los validaban organismos oficiales como la Escuela de Servicio de Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias y una consultora extremeña. Hay 10 detenidos, entre ellos dos mujeres miembros del PP canario, y dos imputados como presuntos autores de un delito de falsedad documental y estafa. En la operación, denominada Catis, se han intervenido 1.460.000 euros.

Según ha informado la Guardia Civil, las investigaciones comenzaron en noviembre del pasado año, cuando los agentes fueron alertados de que un sindicato de Cádiz ofrecía títulos oficiales a cambio de determinadas cantidades de dinero. La investigación ha podido descubrir que los diplomas y certificados de asistencia de cursos oficiales se entregaban, previo pago de 80 euros y una fotocopia del D.N.I., sin haber recibido ningún curso porque, entre otras cosas, la sede del sindicato no tiene ni siquiera un aula. Algunos cursos tenían más de 100 horas pero los alumnos podían obtener su título en tres días. Entre otros, se podían adquirir certificados para el manejo de material sanitario o de primeros auxilios, el diploma de curso básico de riesgos laborares, títulos de profesor de formación profesional...

Superoferta 600 horas por 340 euros
Supuestamente bajo la tapadera de un sindicato, ya que sus miembros no realizaban actividad sindical alguna y carecían de instalaciones y medios para ejercer tal actividad, la organización falsificaba diplomas y certificados que aseguraba que eran "expedidos y acxreditados por la Administración pública". En su web, el sindicato todavía ofrece una amplia gama de cursos como churros bajo el reclamo de "superoferta". Entre ellas, destacan la "oferta 7 - 600 horas en cursos de formación (340 euros)", la "oferta 9 - 1.500 Horas en cursos de formación (700 euros)" y "la 20 - curso de Urgencias y Emergencias Sanitarias + curso de Pediatría y Neonatología(1.270 horas - 570 euros)". Según la web, los cursos los organiza el propio sindicato, "la Comisión de Formación Continuada del sistema Nacional de Salud, la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura y Ministerio de Educación y Ciencia".
La Guardia Civil explica el modus operandi en una nota: el Sitca certificaba que el alumno había realizado un curso, contabilizando las horas lectivas. En realidad, no realizaba ninguna hora presencial ni el sindicato preparaba al trabajador. Expedían títulos autorizados por diversos organismos oficiales, entre ellos la Escuela de Servicios Sanitario y Sociales del Gobierno de Canarias según la SER, y otras empresas delegadas, cuya docencia era supuestamente impartida por el sindicato. Incluso, los alumnos podían matricularse en cursos realizados en años anteriores, proporcionándoles los correspondientes diplomas con fecha anterior a la inscripción. Los agentes encargados de la investigación han determinado que la actividad que realizan los miembros del sindicato tenía como única finalidad el lucro económico, procedente del pago que hacían los alumnos por los cursos, llegando a ingresar a través de su cuenta corriente un total de 1.460.533 euros entre los años 2007 y 2009, a lo que hay que añadir el dinero que se cobra en efectivo en las propias oficinas.
Con esta operación, la Guardia Civil pone bajo sospecha a decenas de miles de títulos de formación expedidos en los últimos años por el Sitca. Esos títulos falsos han servido para conseguir puestos en empresas privadas en los que se exigía una determinada titulación, para entrar en bolsas de empleo público o para sumar puntos en concursos de oposición para la administración pública. Por el momento hay 10 detenidos y dos imputados.

Entre los arrestados, según sostiene la SER, se encuentran las dos últimas directoras de la escuela canaria, dos mujeres que iban en las últimas listas electorales del PP y que tuvieron cargo público entre 2007 y 2008, hasta la ruptura del Gobierno con Coalición Canaria. Son, siempre según la cadena, María Rosa de Haro e Inmaculada Costa. Solo el secretario general del sindicato de Cádiz, considerado cabecilla de la trama, permanece en prisión acusado de estafa y falsedad documental. Los diez detenidos, los dos imputados, el dinero y los efectos intervenidos, se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de los de Cádiz.

LA "SOCIEDAD CIVIL"...DEL GRAN CAPITAL VUELVE A LA OFENSIVA

Jaime Pastor | Viento Sur, 28 de noviembre de 2010
La Iniciativa “Transforma España” y el Ibex 35 “ampliado”, con el Rey y ZP. La ”sociedad civil”...del gran capital vuelve a la ofensiva


En las últimas semanas, aprovechando la alerta generada por la crisis de la “deuda soberana”, estamos viendo una ofensiva creciente de los grandes “lobbies” capitalistas, ejemplificada en la Declaración y la Propuesta impulsadas por la Fundación Everis, presentadas ante el Rey el pasado 16 de noviembre, y en la reunión este sábado 27 de noviembre de representantes de grandes empresas con Zapatero.

Conviene no dejar pasar iniciativas y actos como éstos, ya que nos encontramos ante un plan estratégico en toda regla que amenaza con intensificarse en los próximos meses (la Fundación Transición Española anuncia ya un seminario para proponer la reedición de los Pactos de la Moncloa...) y a la que urge responder en todos los planos, incluyendo entre ellos el cada vez más importante de las ideas fuerza en torno a las interpretaciones de la crisis, de quiénes son sus verdaderos responsables y de la necesidad y/o la posibilidad de otra política a favor de una salida de izquierdas.

Aquí sólo se apuntan algunos de los rasgos más sobresalientes de lo abordado esos encuentros con el fin de llamar la atención ante la tarea que tenemos por delante. Porque lo más dramático es que esa agresividad capitalista contrasta con la posibilidad abierta que tenemos de demostrar ante la población, con ejemplos como el fracaso del “milagro irlandés” (y el intento de “rescate” que busca una nueva socialización de pérdidas), que más neoliberalismo y más despotismo oligárquico no sólo conducen a  mayores injusticias de todo tipo sino también a una profundización de la crisis sistémica y de régimen que dicen querer atajar.

Los documentos presentados por el presidente de la Fundación Everis, el incombustible Eduardo Serra (cuyo “sentido de Estado” le permitió pasar del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo al de Felipe González y, luego, al de Aznar Aznar, siempre en puestos clave) y sus amigos (entre ellos, José María Fidalgo), se caracterizan por un lenguaje tecnocrático que, más allá de constatar algunos de los problemas reales de la economía y la sociedad españolas, no puede ocultar cuáles son sus verdaderas intenciones. La primera es convertir a los 100 “líderes empresariales” y “expertos” a los que ha juntado (entre ellos, por cierto, sólo 4 mujeres empresarias y 1 “experta”) en presuntos representantes de la “Sociedad Civil” (con mayúsculas) española, queriendo aprovechar así la crisis de representatividad tanto de los partidos políticos como de los sindicatos e incluso de la propia CEOE para erigirse como protagonistas. Por eso mismo optaron por trasladar directamente sus propuestas al Rey sin pasar siquiera por ZP o la ministra Salgado, la cual se ha convertido en una visitante habitual de la Zarzuela dispuesta a seguir instrucciones de una Corona al parecer también afectada por la crisis en sus negocios.

¿Por una “Big Society” a la española?

Basta leer la lista de los personajes reunidos por Eduardo Serra para comprobar que en su gran mayoría sólo son representativos de unas elites que proponen poner en pie nuevas formas de “gobernanza” despótica al servicio de una salida más neoliberal si cabe de la crisis actual. Esto último es más evidente cuando, “frente al Estado y los Políticos”, se remiten nada menos que a unas declaraciones de David Cameron para proponer la construcción también aquí de una “Big Society” dispuesta a aceptar las medidas ultra-thatcherianas que estamos viendo ya en  Gran Bretaña. Ése parece ser, pues, su “modelo”, con el que por cierto también simpatiza el líder de la “oposición” Rajoy.

La segunda intención que se puede intuir es que detrás de toda la jerga sobre la necesidad de “construir entre todos la España admirada del futuro” está la decisión ideológica de presentar una radiografía y un diagnóstico del “Modelo Productivo”, el “Marco Productivo” y el “Modelo de Estado” en donde las desigualdades sociales, de clase, de géneros o de naciones y etnias o el cambio climático -y los consiguientes antagonismos y conflictos de intereses, valores y derechos en juego- son subsumidos en nombre de la mejora del “valor país” que permita pasar del “Spain is different” al “Spain is unique”: o sea, la gravedad de la crisis obligaría a un patriotismo económico nacional-español. Como siempre, esa ideología se disfraza de crítica de las ideologías y de otras políticas posibles emitiendo opiniones tan demagógicas como la que sostiene que “Hay que ‘desideologizar’ la Política. Todos somos ecologistas, pacifistas y demócratas”; o incluso que “algunos planteamientos del tipo ‘factor-capital-buscando-explotar-al-trabajo’ o ‘clase-rica-contra-clase-pobre’, deben ser erradicados del debate por estar ya fuera de contexto, y por ser perversos y estériles, en el nuevo marco de progreso y Sociedad del Bienestar que ha logrado España”. Que afirmaciones como éstas hayan sido suscritas por el exlíder de CCOOO, José María Fidalgo, revelan hasta qué punto de degradación política ha llegado semejante personaje.

Pero el propósito principal que cabe desvelar de los argumentos de esta “Sociedad Civil” es que los “cambios urgentes, estructurales y sistémicos” a los que apuntan son todos aquéllos que sirvan para desarrollar una “estrategia de país” –en el plano educativo, científico, de innovación, productivo, energético y de Estado de bienestar “responsable”- dirigida a una “reformulación urgente del valor país, todo ello siempre desde una óptica de obligada competencia global”. En resumen, según ellos, habría que relanzar el “país” para implicarse con mayor intensidad en la carrera competitiva que desde hace tiempo se ha desencadenado a escala global y que con la actual crisis sistémica amenaza con acabar con todo lo conquistado desde abajo a lo largo de la historia contemporánea. Porque detrás de esas generalidades y a la hora de concretar vemos que lo que se pide desde este foro nos suena ya muy conocido: “necesidad urgente de flexibilización del Mercado Laboral”, cuestionar la “sostenibilidad del Sistema de Pensiones” o del Estado del Bienestar, garantizar “Pactos y gobernanza en consenso”, “clarificar” el modelo autonómico (no, desde luego, en el camino hacia un federalismo plurinacional) o buscar un “sistema electoral ajustado a las nuevas necesidades del país” (que sin duda no sería el proporcional sino que probablemente se encaminaría hacia otro que favoreciera más si cabe la “gobernabilidad” frente a la representatividad de la población), además de la “adaptación de asociaciones empresariales y sindicatos a los nuevos retos del país” (se supone que para restaurar la ilusión del “diálogo social” en nombre del “interés nacional”).

Junto a todo esto no faltan algunos guiños a las preocupaciones sociales y ambientales, eso sí, siempre que se subordinen a la religión del “crecimiento”, ahora redefinido como el “nuevo paradigma de crecimiento sostenible”, que ha de ser económico, social y ambiental; pero ya sabemos que incluso con esos aditivos siempre acaba primando el primero sobre los demás, siguiendo la vieja cantinela del presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, cuando decía que lo importante es lo económico y que lo demás puede esperar...hasta que lleguen las “vacas gordas”.

Si quedaba alguna duda sobre las fuentes de inspiración de una Declaración y una Propuesta que se presentan como “una visión optimista pero contundente de la Sociedad Civil española”, basta leer las referencias bibliográficas y hemerográficas que aparecen al final: con algunas excepciones (como una obra de Krugman y alguno próximo intelectualmente), sobresalen entre ellas las de ultraliberales como Friedrich Hayek, Xavier Sala i Martí, Pedro Schwartz, Emilio Lamo de Espinosa y Amando de Miguel.

La bolsa...o la vida

Respecto a la reunión en la Moncloa con 37 grandes empresarios (la mayoría forma parte del Ibex 35 y, pese a la crisis, sigue viendo aumentados sus beneficios y guardando parte de ellos en paraísos fiscales), ha quedado claro de nuevo que el gobierno se inclina cada vez más descaradamente del lado del Gran Capital y de su obsesión por cumplir con la sagrada ley de la “Competitividad” mediante nuevos ataques contra los y las de abajo y el medio ambiente, bajo la vigilancia estrecha de la Unión Europea (o sea, del poder político-financiero alemán) y el  Fondo Monetario Internacional. Para ello ZP ha mostrado su disposición a aplicar “con determinación y con la máxima celeridad” todas las reformas (en realidad, contrarreformas) que se consideren necesarias desde estos “lobbies” y organismos internacionales: entre ellas, la de las pensiones (antes de febrero), la energética (¿a favor de las nucleares?), la fusión y privatización de las Cajas (antes del 24 de diciembre) y la creación de mejores condiciones de inversión, eso sí, para poder exportar, a la búsqueda de una demanda en el exterior que aquí no se quiere generar mediante políticas que fueran al menos de tipo keynesiano. Todo ello con la tan cacareada intención de generar “confianza” (otra palabra sagrada) entre “los mercados” y aplazar el “rescate”, sin ni siquiera exigir a cambio transparencia sobre las cuentas reales del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, compromisos a favor de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal o disposición a asumir una mayor carga impositiva. Al contrario, parece que el gobierno va a seguir los consejos del presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, quien insiste en que más vale pasarse en las contrarreformas que en no llegar.

La relación entre las dos reuniones mencionadas queda, además, bastante diáfana si en ambas comprobamos que se repiten 12 grandes empresarios: en cabeza, los de Telefónica y Banco Santander, seguidos por los de BBVA, La Caixa, Inditex, Repsol, Iberia, Planeta, Endesa, FCC, Acciona y Abengoa.

A la vista de este panorama hace falta que el mundo de la ciencia, de la universidad y de la cultura críticas hagan oír su voz y su denuncia de las propuestas procedentes de los “expertos” de los grandes poderes económicos, siguiendo la estela de Manifiestos como los que desde la Universidad de Sevilla y el CSIC o de la Economía Crítica se promovieron en meses pasados, en confluencia con un movimiento estudiantil que tiene que volver a ocupar el espacio público. La experiencia de la Huelga General del 29-S aquí y las luchas que se están desarrollando y extendiendo por Europa deben servir también de acicate para abrir definitivamente un nuevo ciclo de movilización sostenida que vaya acompañada de mejores argumentos, razones y propuestas capaces de hacer salir a una mayoría de la población de la resignación y el miedo al futuro en que ahora se encuentra. Porque frente a la “Sociedad Civil” y “Anónima” de los “mercados” nuestra tarea sigue siendo la de ir reconstruyendo un amplio bloque social, político y cultural transnacional capaz de “contraatacar” e insistir en que lo urgente no es “salvar la bolsa” (ni tampoco el euro) sino garantizar la sostenibilidad de la vida en este planeta.

Dentro de ese clima general de indignación creciente –aunque por desgracia todavía expectante- frente al nuevo episodio del “Gran Saqueo” que se prepara es significativo el eco que están teniendo distintas iniciativas surgidas de redes sociales críticas o llamamientos como el de Eric Cantona a sacar dinero de los bancos el próximo 7 de diciembre. La izquierda radical haría bien apoyando, pese a sus limitaciones, iniciativas como ésa, al igual que las Jornadas convocadas por las grandes centrales sindicales para el 15 y el 18 de diciembre, o la Huelga de Consumo y por el reparto de la riqueza y el trabajo propuesta por CGT y con el apoyo de diversas organizaciones sociales para el 21 de diciembre. Todas ellas deberían servir para ir sembrando una “digna rabia” capaz de expresarse en los centros de trabajo y en la calle y de ir avanzando hacia objetivos más ambiciosos como el de una Huelga General a escala de la UE o, al menos, de los pueblos de Europa más afectados por las contrarreformas en marcha.